Murcia- Eutopa press
El consejero de Presidencia de Murcia, Manuel Campos, ha anunciado que el Gobierno murciano está estudiando la posibilidad de penalizar las actuaciones negligentes que supongan la movilización de los efectivos de Emergencias de la Comunidad Autónoma, bien con una tasa por la que los implicados se hagan cargo del coste efectivo de la intervención, o bien con una sanción económica.
Campos ha planteado esta posibilidad cuando los efectivos de Emergencias tienen que realizar rastreos en zonas peligrosas o de acceso restringido; cuando los particulares realizan actividades con meteorología adversa, contraviniendo las directrices de la Dirección general de Seguridad Ciudadana y Emergencias; o cuando se realizan actuaciones con simulación de riesgo, que determinan la movilización de los efectivos de Emergencias de la Comunidad.
El consejero ha señalado que el hecho de establecer una tasa supone "cobrar la prestación del servicio público de rescate", pero admite que "muchas veces es prácticamente imposible" que un particular pueda afrontar estos pagos, ya que la movilización por ejemplo de un helicóptero "es carísima", y supone un coste mínimo de 3.000 euros.
La otra opción, agrega, es "la sanción de la realización de actividades contraviniendo la disposición de la Dirección General de Emergencias".
A juicio del consejero, trasladar a la víctima una tasa de 15.000 ó 20.000 euros por un rescate "parece desproporcionado" aunque el coste sea real y efectivo. Por eso, Campos se muestra más partidario de establecer una sanción en los supuestos de "contravención o incumplimiento de la normativa reglamentaria".
Esto ya sucede en otras comunidades, sobre todo, en materia de deportes de riesgo. Por ejemplo, Campos recuerda que en el País Vasco se cobra la tasa salvo "cuando existen supuestos de catástrofes o calamidad pública, cuando se trata de rescates en embarcaciones en el mar, cuando se trata de personas con discapacidad o cuando hay fallecidos".
De momento, la Comunidad está estudiando cuál sería la mejor opción, aunque Campos aplaza y condiciona la decisión final a la aprobación de la nueva Ley de Protección Civil por parte del Gobierno central.
Según el consejero, esta nueva Ley de Protección Civil podría incluir un catálogo de conductas y la posibilidad de sanción a través de una norma de carácter administrativo, por lo que quedaría descartada la adopción de tasas.
Por tanto, Campos avanza que habrá que esperar a que la Ley estatal sea aprobada. De hecho, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya transmitió a las comunidades que su intención era disponer de ella a lo largo de este año.
La Comunidad ya tiene un borrador de nueva Ley de Protección Civil y Emergencias que, de momento, ha paralizado a la espera de la Ley estatal, y la intención es "acomodar" el texto autonómico a la legislación estatal.
Si la Ley estatal no incluye ese catálogo de conductas sancionables, la Comunidad "podrá incluirlo en la legislación autonómica", ha precisado Campos.
El objetivo, según el consejero, es que el ciudadano se conciencie de que la utilización de los servicios del Plan COPLA o del Plan Infomur "cuestan mucho dinero y que hay que movilizarlos con cierta responsabilidad".
CONVENIO PARA ACTUACIONES DEL CEIS
Lo que sí existe, ha recordado, es una tasa en materia de actuación del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), que la Comunidad va a cobrar "en todos aquellos supuestos que no estén prescritos desde la fecha en que se promulgó la ordenanza", en 2008.
Campos ha anunciado que su departamento procederá a lo largo del mes de julio a la firma del convenio con la Consejería de Economía y Hacienda, que será la que liquide y verifique el cobro de esta tasa. Las previsiones de la Comunidad es obtener una recaudación de más de un millón de euros por el cobro de los casos comprendidos entre 2008 y 2012, mientras que la recaudación por los supuestos cometidos en 2013 ascenderán a unos 300.000 euros.
Ha recordado que la ordenanza del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) ha estado vigente "desde que se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)", pero lo que ocurre es que "no se ha cobrado la tasa".
Pues bien, explica que la Consejería va a proceder ahora a cobrarla "en todos aquellos periodos que permite la legislación vigente, en los casos en los que no esté prescrito el derecho que tiene la Administración a liquidar la tasa y la obligación que corresponde a los particulares de abonarla en el caso de que se proceda a la liquidación, conforme a lo que establece la Ley de procedimiento administrativo común".
El consejero ha descartado que se trate de aplicar la tasa con efecto "retroactivo", sino que la Comunidad va a proceder al cobro de tasas que "no están prescritas".
LA COMPETENCIA ES DE LOS AYUNTAMIENTOS
Campos ha reconocido que no existen estadísticas sobre los ciudadanos que incumplen las recomendaciones de los socorristas a la hora de bañarse en la playa.
Sin embargo, el consejero explica que, de momento, son los ayuntamientos los que tienen esta competencia, y ya existen ordenanzas municipales respecto a la seguridad en las playas que controlan los propios socorristas y los agentes de Policía Local.
Concretamente, ha recordado que el Ayuntamiento de Cartagena dispone de una regulación administrativa de carácter municipal que clasifica las infracciones en graves, muy graves y leves, y establece la posibilidad de sancionar por incumplimiento de la señalización de la bandera roja que prohíbe el baño por una cantidad máxima de 1.500 euros
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