Diario de aviso.com- Santa Cruz de Tenerife-España
Los ajustes en materia sanitaria impuestos por el Gobierno central no sólo están provocando problemas en los centros de salud y hospitales del Archipiélago, que han visto reducidos tanto sus recursos humanos como los materiales. Hay otros sectores, como el del transporte sanitario, que también están padeciendo las consecuencias de algunas de las novaciones que dispone el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
Dicho documento, publicado en el BOE el 8 de junio, establece en una disposición transitoria que “los conductores y ayudantes de nuevo ingreso en las empresas de transporte sanitario deberán poseer el Certificado de Profesionalidad en transporte sanitario o título de Técnico en Emergencias Sanitarias”. De igual modo, “las personas que acrediten de forma fehaciente más de tres años de experiencia laboral, en los últimos seis años desde la entrada en vigor de este decreto, realizando las funciones propias de conductor de ambulancias, quedarán habilitados como conductores de ambulancias no asistenciales de clase A1 y A2 (asistenciales y no urgentes)”.
Asimismo, continúa el texto, “quedarán habilitados como conductores de ambulancias asistenciales de clase B y C (de soporte vital básico y avanzado) los conductores que acrediten una experiencia laboral en la conducción de ambulancias asistenciales, de cinco en los últimos ocho años desde la entrada en vigor de este decreto”.
Según explica a este periódico Carlos Ojeda, portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC.OO.), la aplicación de esta nueva norma puede provocar serios problemas en Canarias, donde “alrededor del 70% de los más de 1.700 trabajadores del sector no poseen la cualificación requerida”. El motivo, según Ojeda, es que “no se están ofertando las suficientes plazas ni se están poniendo en marcha las convocatorias de cualificación”.
Y es que el decreto establece que “los certificados individuales que acrediten los supuestos de habilitación se expedirán por las comunidades autónomas, a las que corresponde adoptar en el plazo máximo de dos meses las medidas necesarias para la aplicación, control y desarrollo de estas certificaciones”.
“Vencidos los plazos, se aplicará el Real Decreto puro y duro, por lo que aquellos trabajadores que no cumplan los requisitos podrían ser despedidos”, recalca el dirigente de CC.OO., que asegura que “el Gobierno quiere llevar el sector hacia la formación reglada formal, cuando la verdadera cualificación debe incidir y valorar el contexto productivo del trabajador que lleva desarrollando esta labor durante años”.
Ante los problemas que se pueden generar, varias organizaciones sindicales se han dirigido al Ministerio de Fomento para que les aclare la vigencia de la disposición transitoria y los plazos de que disponen las comunidades, ya que hasta ahora la única exigencia de formación que existía para el personal de las ambulancias era la que cita el convenio estatal, en cuyo artículo 66 se dice que “el personal debe realizar cada año un mínimo de 20 horas de formación, a cargo de la empresa, pero en horario no laboral, y en consecuencia no retribuido, al fin de alcanzar al menos 300 horas”.
“Creo que la inmensa mayoría de los trabajadores del sector serán habilitados para trabajar en él sin necesidad de cursar el grado medio de FP de Técnico en Emergencias Sanitarias, ni de obtener la certificación profesional, y los que aún no puedan ser habilitados por falta de experiencia laboral no podrán ser removidos de su puesto de trabajo por tal motivo”, arguye Carlos Ojeda, que sin embargo advierte de que muchos empresarios están aprovechando el desconocimiento y la incertidumbre de los trabajadores para imponer rebajas salariales y pérdida de derechos.
“No hablamos de transportar cajas, sino personas, de servicios básicos y derechos conquistados hace muchos años”, concluye el portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC. OO.
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