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Previo pago de 80 euros y una fotocopia del D.N.I., se proporcionaba diplomas y certificados de asistencia de cursos oficiales, sin recibir formación alguna
El cabecilla de la red de titulaciones falsas desmantelada en Cádiz y secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores lleva en prisión preventiva un mes, mientras que los nueve implicados detenidos en esta operación están en libertad provisional. Fuentes cercanas a la investigación ha informado de que las dos personas imputadas son canarias y pertenecen al Partido Popular.
La red desarticulada se encargaba de expedir de forma fraudulenta títulos de formación académica a cambio de dinero.
Estos títulos los emitía el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (SITCA) con sede en la capital gaditana, en la calle Brasil, y eran validados por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias y una consultora extremeña.
Cobraban por impartir títulos sin dar formación alguna. Entre ellos, títulos para transporte sanitario, primeros auxilios o el manejo de aparatos médicos. Previo pago de 80 euros y una fotocopia del D.N.I., se proporcionaba diplomas y certificados de asistencia de cursos oficiales, sin recibir formación alguna.
Estos títulos han servido para certificar formación nunca recibida y con la que se podría conseguir trabajo en la administración pública y también en empresas privadas. Según la investigación, el sindicato carecía de infraestructura para impartir la formación, ya que no contaba con aulas para dar los cursos. A los detenidos se les acusa de estafa y falsedad documental.
Cargo público en Canarias
Dos de las personas imputadas en relación con la denominada operación 'Catis', que ha logrado desarticular una organización dedicada a falsificar diplomas y certificaciones oficiales, habrían ostentado un cargo público en Canarias, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, que han precisado que la implicación de dichas personas no tiene que ver con su condición de cargo público, sino con la actividad profesional que desempeñaban en una escuela dedicada a la formación en materia sanitaria en Canarias.
Inmaculada Acosta y María Rosa de Haro, del Partido Popular (PP), son los dos ex cargos públicos canarios implicados en el marco de la operación 'Catis', en el que el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en el que investiga la concesión por parte de un sindicato de titulaciones falsas.
Según matizaron fuentes cercanas al caso, la implicación de estas dos personas no tiene que ver con su condición de cargo público y de pertenencia al PP, sino con la actividad profesional que desempeñaban en una escuela dedicada a la formación en materia sanitaria en Canarias.
Sin embargo, ambas formaron parte de la Consejería de Sanidad, cuando al frente de dicho departamento estaba la popular Mercedes Roldós, en concreto, ostentaron un cargo público dentro de la Escuela de Servicios Sanitarios de Canarias (Esscan).
Asimismo, hay una tercera persona detenida en el archipiélago, también relacionada con esta operación. las tres presuntas autoras están imputadas por su participación en un delito de falsedad documental.
Diez imputados y un año de investigación
La operación, desarrollada por la Guardia Civil en Cádiz, Badajoz y Canarias, ha culminado con la detención de diez personas y la imputación de otras dos como presuntos autores de un delito de falsedad documental y estafa. Asimismo, se han intervenido más de 1,4 millones de euros procedentes de esta fraudulenta actividad.
Las investigaciones comenzaron en el mes de noviembre del pasado año, cuando los agentes fueron alertados de que un sindicato de Cádiz ofrecía títulos oficiales a cambio de determinadas cantidades de dinero.
Supuestamente bajo la tapadera de un sindicato, ya que sus miembros no realizaban actividad sindical alguna y carecían de instalaciones y medios para ejercer tal actividad, la organización falsificaba diplomas y certificados anunciándose incluso a través de Internet, para ofrecer diversos cursos organizados por instituciones y organismos oficiales o el propio Sindicato Independientes de Trabajadores de Cádiz.
Los agentes encargados de la investigación determinaron que la actividad que realizan los miembros del sindicato tenía como única finalidad el lucro económico, procedente del pago que hacían los alumnos por los cursos, llegando a ingresar a través de su cuenta corriente un total de 1.460.533 euros entre los años 2007 y 2009, a lo que habría que añadir el dinero que se cobra en efectivo en las propias oficinas.
Los diez detenidos, los dos imputados, el dinero y los efectos intervenidos, se encuentran a disposición del Juzgado de instrucción de Cádiz
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